Columna Opinión; La importancia de apoderados activos en el marco de la Ley 21.809 de convivencia educativa
Francisco Pérez Vargas.
Trabajador Social.
Mg. En Educación.
Con la entrada en vigencia de la nueva ley de Convivencia educativa, en respuesta de los hechos de violencia en contexto educativo y en línea con las orientaciones del Plan de Comunidades Educativas Protegidas, quedan al descubierto las brechas que desde hace tiempo se sostienen entre la familia (comprendiendo la diversidad de su conformación) y la escuela.
Para comprender esta relación Familia – Escuela, es necesario conocer quiénes son los jóvenes que hoy habitan en ellas; jóvenes los cuales han construido proceso de socialización desde una era digital. Esta es una era con nuevas formas de convivir, pero también con nuevas problemáticas que abordar y que repercuten en el clima escolar.
Para abordar estas nuevas problemáticas debemos, como agentes educativos adultos, ser cautelosos en el cómo hacerlo. No basta con entregar meras instrucciones ni aplicar sanciones o castigos, dado que la imposición vertical de norma suele ser contraproducente. Desde la experiencia de campo, podemos observar que si a un joven se le da la simple instrucción de que “sea bueno”, lo más probable es que sienta el deseo, casi inherente, de hacer totalmente lo contrario; advertencia que nos deja Baden Powell en su discurso de 1909 en su visita a Chile.
Desde esta perspectiva, comprendemos que para ver mermados los actos de violencia que han repercutido en nuestro sistema escolar, es necesaria la colaboración conjunta de todos quienes inciden en las y los estudiantes. De esta forma la familia debe ser el primer entorno educativo de niñeces y juventudes, pero, a la vez, la escuela debe dejar de ser una “isla” de normativas y mandatos.
Los apoderados tienen hoy el deber legal de propiciar un clima de buen trato; por ende deben participar de la co-construcción de la convivencia escolar. Esto parte desde el cuidado y crianza que, permita en conjunto con la escuela, otorgar responsabilidad en los estudiantes de sus actos, para que, a futuro, puedan ser protagonistas de dos hitos claves: la construcción de sus reglamentos, adheridos y comprendidos, y su propia regulación.
Para que las madres, padres y apoderados recuperen su autoridad, no es necesario el autoritarismo, sino que es necesario la contención y el ejemplo. Es fundamental comprender, desde la vivencia, los roles, normas y límites del sistema primigenio de socialización: la familia. Esta institución es la que brinda las bases de un buen trato, la convivencia armónica, resolución de conflictos y forma en una cultura pacífica, que se potencia en la escuela, en donde ya se asume que los estudiantes no son lienzos en blanco, sino personas con significados, valores y normas de arrastre.
Los planes, programas y acciones en favor de la convivencia educativa positiva tendrán éxito sólo cuando comprendamos que el “ser joven” hoy es un tránsito complejo en un mundo incierto. Nuestra tarea es ofrecer una red de protección mutua, en la que no sirve dar órdenes vacías para intentar construir sentidos compartidos. La corresponsabilidad exige que la familia y la escuela se conozcan y se alineen con voluntad para un bienestar común.
