Columna Opinión: “El que nada hace, nada teme: La paradoja del secreto bancario en Chile”
Por: Jonathan Carcamo Gómez
profesor especial , psicopedagogo, concejal de Punta Arenas
Mano dura para el control de identidad en las calles y la revisión compulsiva de mochilas en los liceos; pero guante blanco y blindaje corporativo cuando se trata de flexibilizar el secreto bancario. La frase de la periodista Mónica Rincón —que da título a esta columna— no pudo ser más certera ni oportuna. La derecha chilena, que no descansa en su retórica de endurecer los controles callejeros y levantar muros simbólicos contra la delincuencia común, ha encontrado en el secreto bancario una muralla infranqueable que defiende con un celo sospechoso. Ante este escenario, la ciudadanía tiene derecho a plantearse una interrogante incómoda: ¿Qué están defendiendo realmente? ¿La legítima privacidad de los ciudadanos o la impunidad financiera de los poderosos?
El freno legislativo en el Senado
El centro de esta disputa es el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín 15975-25), impulsado por el Ministerio de Hacienda. La iniciativa incluía una herramienta transversal y lógica para los tiempos que corren: permitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levantar el secreto bancario por vía administrativa y sin necesidad de una orden judicial previa.
Para desmitificar los fantasmas del autoritarismo, la norma acotaba esta facultad a tres casos estrictamente residenciales y justificados:
- Cuando el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) provenga directamente de una institución bancaria.
- Cuando la investigación involucre directamente a un funcionario público.
- Cuando se trate de la fiscalización de una persona jurídica (empresas).
A pesar de la evidente urgencia regulatoria, el pasado martes 9 de junio de 2026, el Senado bloqueó la medida con un ajustado e insólito empate de 24 votos a favor y 24 en contra. Este gallito político envió la iniciativa directamente a una Comisión Mixta, obligando al Congreso a arrastrar los pies en una materia donde el país ya no tiene tiempo que perder.
“Operación Tokio”: El crimen organizado en las cuentas corrientes
Quienes insisten en tratar el lavado de dinero como un delito de “cuello y corbata” desconectado de la violencia criminal sufrieron un baño de realidad con la reciente “Operación Tokio”. Esta investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur, desbarató una de las mayores y más complejas estructuras de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua en Chile.
Los hallazgos de los fiscales son espeluznantes: cinco de los bancos más importantes del país —Santander, BCI, BancoEstado, Scotiabank y Banco Falabella— fueron utilizados como autopistas financieras para mover cerca de 80 millones de dólares de origen ilícito. Dinero manchado de sangre, proveniente de la extorsión, el secuestro, el sicariato, el tráfico de drogas y la trata de personas.
La vulnerabilidad del sistema quedó en evidencia al descubrirse que la megabanda logró infiltrar al menos una de estas entidades bancarias a través de un funcionario. Este operador interno era el encargado de gestionar y abrir cuentas en otras instituciones financieras con el único fin de blanquear los capitales de la organización criminal. Frente a este nivel de penetración institucional, seguir defendiendo la burocracia bancaria parece un chiste de mal gusto.
Argumentos que no resisten el mínimo análisis
El oficialismo ha desplegado una defensa corporativa difícil de sostener. Figuras como Vanessa Kaiser han argumentado que “levantar el secreto bancario mediante una vía administrativa y sin la resolución fundada de un juez afecta derechos fundamentales”. Esta preocupación por la privacidad digital resulta, en el mejor de los casos, de una ingenuidad alarmante y, en el peor, de una complacencia flagrante con las dinámicas del crimen organizado.
Por su parte, el diputado republicano Cristián Araya durante la anterior discusión durante el gobierno del presidente Gabriel Boric llegó a calificar la iniciativa como “un distractor del gobierno para esconder su falta de estrategia para combatir el crimen organizado”. Sin embargo, la realidad internacional desmiente de golpe sus declaraciones:
Un dato alarmante: Chile es, junto con Australia, el único país de la OCDE que todavía exige una autorización judicial previa para que su unidad de inteligencia financiera pueda acceder al secreto bancario.
Mientras el resto de las economías desarrolladas combaten el delito con herramientas ágiles, las bandas criminales en Chile mueven millones de dólares con total soltura, amparadas por un blindaje burocrático que la derecha se niega sistemáticamente a derribar.
Los números de la UAF: Un organismo bajo asedio
El panorama que describe el Informe Estadístico de la UAF de 2025 es el de un organismo público desbordado por el volumen de la criminalidad económica. Bajo el amparo de la Ley N°19.913, la institución ha visto cómo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) escalaron un impresionante 124% entre 2021 y 2025, registrando la histórica cifra de 21.828 reportes el año pasado. De ese total, la UAF logró detectar e informar 1.132 casos con claros indicios de criminalidad al Ministerio Público.
El verdadero problema es la asimetría de fuerzas:
- La UAF cuenta con apenas 80 funcionarios en total.
- De ellos, solo 13 son analistas encargados de revisar miles de operaciones complejas.
Aunque los alzamientos judiciales en casos críticos se pueden conseguir en horas, la construcción técnica de un caso sólido de lavado de activos que resista el escrutinio de la Corte Suprema puede tardar meses. Ese vacío temporal es más que suficiente para que el dinero sucio se pulverice en el sistema financiero y vuele hacia paraísos fiscales. No estamos hablando de minucias: según un estudio de la Fiscalía de Antofagasta de 2025, el crimen organizado generó utilidades netas por 4 mil millones de dólares en Chile, operando en un negocio subterráneo cuyos márgenes de ganancia fluctúan entre el 30% y el 40% de lo invertido.
Desmontando los mitos del oficialismo
El gran fantasma agitado por los detractores del proyecto es el temor a un uso político de la información o a eventuales filtraciones. Sin embargo, este argumento carece de base histórica: en sus más de dos décadas de existencia, la UAF jamás ha sido objeto de una sola denuncia o acusación por filtración de datos.
Además, para dar plenas garantías, el proyecto de ley contempla resguardos institucionales severos:
- Penas draconianas: Se establecen sanciones de prevaricación administrativa y estricta responsabilidad penal para el director del servicio que incumpla las condiciones de reserva.
- Control interno estricto: Una Unidad de Auditoría Interna tendrá la misión de auditar cada ejercicio de esta facultad administrativa.
- Fiscalización política: Dicha unidad deberá elaborar informes anuales exhaustivos para la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los cuales serán revisados en sesiones secretas.
Conclusión: Agua con azúcar frente a una infección grave
La derecha chilena insiste en su retórica de la “mano dura”, pero cuando llega el momento de entregarle al Estado los dientes necesarios para perseguir el dinero —que es el verdadero sistema circulatorio y motor del crimen organizado—, decide pisar el freno de mano. Como bien escribió Eduardo Galeano, proponen medidas que “rasquen tal vez, pero que rasquen donde no pica”.
No sacamos nada con aumentar las dotaciones de carabineros, endurecer las penas de cárcel o tapizar las esquinas con cámaras de vigilancia si el corazón financiero del delito sigue protegido por un manto de opacidad que, al final del día, solo beneficia a los criminales y a quienes tienen algo que esconder.
El Senado tiene hoy una nueva oportunidad de enmendar el rumbo en la Comisión Mixta. Es de esperar que esta vez los votos de nuestros legisladores no se escondan detrás de excusas climáticas o convenientes viajes al extranjero. Porque el que nada hace, nada teme; pero los chilenos, que vemos a diario cómo el crimen organizado amenaza con corromper nuestras instituciones y ensuciar nuestra economía, tenemos el legítimo derecho a exigir que se deje de proteger la billetera del delito.
