Columna Opinión “Día de la reinserción social: Los costos de defender derechos humanos en las cárceles”

Por Karen Barría Legue

abogada Presidenta ONG Ecos de Libertad

La crisis de seguridad que enfrenta Chile no puede analizarse sin examinar el rol de Gendarmería. Una institución cuya misión es contribuir a la reinserción social, pero difícilmente puede cumplir ese objetivo cuando normaliza arbitrariedades, obstaculiza el derecho de defensa y persigue a quienes ejercer un rol de promoción y protección de los derechos humanos al interior del sistema.

El fracaso del sistema penitenciario no es ajeno a la reincidencia; por el contrario, constituye uno de los factores que perpetúan la delincuencia, los pocos estudios sobre la materia estiman una tasa de reincidencia superior al 40%.

Como mujer, abogada y defensora de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Magallanes y sus familias, he sido objeto de una violencia institucional sistemática: obstáculos para ejercer mi profesión, impedimentos injustificados, trato degradante y decisiones arbitrarias que afectan no solo mi labor, sino también el derecho de defensa de mis representados. Esta forma de violencia, muchas veces invisibilizada, genera un profundo desgaste psicológico, un atentado contra los derechos fundamentales de quienes no se encuentran bajo custodia del estado.

El año pasado, justamente para la conmemoración del Día de la Reinserción Social, durante una actividad organizada por Gendarmería y la Seremi de Justicia de Magallanes. En dicha instancia, el presidente de la agrupación de familiares de personas privadas de libertad, quien ha sido activo defensor de los derechos humanos en la comunidad local, realizó una manifestación pública denunciando la situación de un interno con discapacidad que habría sido objeto de amenazas por parte del alcaide del recinto. Estos antecedentes dieron origen a un sumario administrativo, cuyos resultados, hasta el día de hoy, no han sido informados.

Actualmente, el presidente de dicha agrupación se encuentra sancionado y con prohibición de ingreso al recinto penitenciario mediante una medida completamente desproporcionada y arbitraria, adoptada por la misma autoridad que había sido denunciada anteriormente. Resulta preocupante que una persona que representa a familiares, que busca el diálogo informado termine enfrentando consecuencias que conlleva la exclusión del sistema penitenciario.

También resulta preocupante que muchas de estas situaciones hayan sido respaldadas judicialmente. Las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria han sido validadas por los tribunales, incluso cuando se han planteado afectaciones a derechos fundamentales.

Esto demuestra la necesidad de avanzar hacia una mayor especialización en derecho penitenciario, considerando que se trata de un ámbito donde las decisiones administrativas tienen consecuencias directas sobre la libertad, la dignidad y las garantías fundamentales de las personas.

Quizás esta violencia pasa inadvertida porque defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad sigue siendo una causa impopular. El estigma que pesa sobre ellas también alcanza a sus familias y a quienes las representamos, generando una peligrosa indiferencia frente a abusos.

Lo preocupante es que estas prácticas revelan el fracaso institucional, de un modelo penitenciario que parece más orientado al abuso del poder y a la política del castigo que a la resocialización. Mientras se persiga a quienes exigen el respeto a la ley y de la dignidad humana, será imposible construir cárceles que rehabiliten en lugar de reproducir violencia.