Por: Jonathan Carcamo Gómez
Profesor diferencial , psicopedagogo, concejal de Punta arenas
En el siglo XXI, estar desconectado no es solo un inconveniente técnico; es una forma moderna de exilio. Por eso, cuando en 2024 se promulgó la Ley de Internet como Servicio Público (Ley 21.678), Chile pareció entender finalmente que el acceso a la red es tan vital como el agua potable o la electricidad. Fue una conquista ciudadana que buscaba nivelar la cancha para que el código postal no determinara el futuro de un estudiante o las posibilidades de un emprendedor. Sin embargo, a solo días de iniciar el gobierno de José Antonio Kast, esa promesa ha quedado en “pausa indefinida”.
El retiro de los decretos N°3 y N°6 de la Contraloría por parte de la Subtel, bajo el argumento de una “revisión técnica y regulatoria”, es una jugada que sigue el mismo patrón que hemos visto con la Ley Cholito o los reglamentos ambientales: el uso del “freno administrativo” como herramienta política. Al retirar los reglamentos que obligaban a las empresas a dar cobertura en zonas silenciadas y que permitían el nacimiento de cooperativas digitales, el gobierno ha dejado la ley convertida en un cascarón vacío. Tenemos el motor, pero el Ejecutivo acaba de quitarle las piezas para que pueda arrancar.
Para quienes vivimos en regiones como Magallanes, este “paréntesis” técnico es una bofetada de centralismo. Mientras en Santiago la discusión puede parecer puramente legalista, en los sectores rurales de Punta Arenas, en las estancias o en las comunidades aisladas de nuestra geografía, la falta de estos decretos significa que el mercado seguirá dictando quién tiene derecho a la información y quién no. Sin la presión regulatoria que estos decretos establecían, las grandes empresas de telecomunicaciones no tienen incentivo alguno para invertir donde “no es rentable”.
El riesgo de esta maniobra es la consolidación de una brecha digital irreversible. Si el gobierno de Kast busca “desburocratizar”, debería empezar por agilizar la conectividad, no por congelarla. La revisión técnica puede sonar a prudencia fiscal, pero en la práctica es un retroceso que afecta directamente la educación digital y la telemedicina, pilares fundamentales para una sociedad que pretende ser moderna y competitiva.
La estrategia comunicacional del “gobierno de emergencia” es hábil: se presenta cada retiro de norma como una limpieza de la “herencia ideológica” del gobierno anterior. Pero internet no tiene ideología; tiene usuarios, estudiantes y pacientes. Retirar estos decretos sin una alternativa inmediata es condenar a miles de chilenos a seguir viviendo en el siglo pasado mientras el mundo avanza a la velocidad de la fibra óptica.
No podemos permitir que el acceso a la información vuelva a ser un privilegio de clase o de geografía. La Ley de Internet como Servicio Público le costó al país años de consenso transversal. “Revisarla” hasta paralizarla no es un acto de eficiencia, es un acto de desconexión con la realidad de las familias que hoy, en pleno 2026, todavía tienen que subir a un cerro para captar una señal débil que les permita estudiar. El progreso, cuando se apaga, cuesta mucho más volver a encenderlo.
Lo que queda en el aire: El impacto del retiro de los Decretos 3 y 6
| Área Afectada | ¿Qué permitía el decreto? | Riesgo actual con el retiro |
| Zonas Rojas | Obligaba a dar cobertura en sectores históricamente excluidos. | Las empresas pueden seguir negando el servicio por “falta de factibilidad técnica”. |
| Internet Comunitario | Facilitaba que juntas de vecinos o cooperativas gestionaran su propia red. | Se frena la autonomía digital de sectores rurales y populares. |
| Subsidio a la Demanda | Creaba mecanismos para ayudar a familias vulnerables a pagar el servicio. | El internet vuelve a ser un gasto prohibitivo para miles de hogares. |
| Urgencias Sociales | Garantizaba la continuidad del servicio ante emergencias (como nevadas o catástrofes). | Mayor vulnerabilidad de las zonas aisladas ante eventos climáticos. |
