En un duro revés para la gestión de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), el Consejo para la Transparencia (CPLT) dictaminó que la institución infringió las normas de transparencia activa al omitir información clave sobre su dotación de personal en el área de salud primaria.
El fallo, bajo el Rol C2900-26, reveló que la CORMUPA dejó de informar a la ciudadanía en qué centros específicos (como CESFAM, CECOSF o SAR) se desempeñan sus funcionarios, limitándose a publicar cargos genéricos como “médico” o “enfermero”. Esta omisión impide que los usuarios puedan fiscalizar si los recursos humanos están distribuidos de manera equitativa en la comuna.
Argumento rechazado
Ante el reclamo ciudadano, la CORMUPA intentó justificar la falta de datos culpando a los problemas técnicos derivados de la implementación de un nuevo sistema digital. Sin embargo, el CPLT rechazó tajantemente este argumento, señalando que la ley obliga a mantener la información de manera histórica y detallada, sin que esté permitido dar de baja datos que antes sí eran públicos.
Desde el Concejo Municipal de Punta Arenas reaccionaron con dureza tras conocerse el dictamen “Es inaceptable que una institución que maneja la salud y educación pretenda esconderse detrás de un error de sistema para negar información a los vecinos. Si no pueden gestionar un sitio web con transparencia, ¿cómo podemos confiar en su gestión financiera y administrativa?”.
Plazo fatal y sanciones
La resolución del Consejo no solo acogió la denuncia, sino que otorgó un plazo fatal de 10 días hábiles a la CORMUPA para que publique la totalidad de los datos ocultados. De no cumplir con la orden, el presidente de la Corporación arriesga sanciones económicas que van desde el 20% al 50% de su remuneración mensual.
El dictamen pone en evidencia una preocupante opacidad en el organismo técnico. Sectores fiscalizadores de la comuna ya exigieron que la dirección de la Corporación asuma su responsabilidad, deje de apelar a excusas técnicas y cumpla de inmediato con los estándares que la ley y la ética pública exigen en el manejo de los recursos de salud.
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