Por: Jonathan Carcamo Gómez
profesor diferencial, Psicopedagogo concejal de Punta Arenas
Para cualquier magallánico, el verdadero termómetro de la economía no está en los índices de la Bolsa de Comercio de Santiago ni en el valor del cobre. El termómetro real se mide en los pasillos de los supermercados de Punta Arenas, donde el “carro lleno” se ha vuelto una reliquia del pasado y la boleta final se siente como una bofetada de realidad. En la capital de la Región de Magallanes, la “soberanía” no es un concepto romántico de banderas al viento; es una resistencia diaria frente a un costo de vida que parece castigar a quien decide hacer patria en el último rincón del continente.
La gran pregunta que flota entre las góndolas es: ¿Cómo es posible que, siendo una Zona Franca y una región con leyes de excepción, la canasta básica en Punta Arenas sea una de las más caras de Chile? Se nos ha dicho por décadas que los beneficios tributarios son la llave para compensar el aislamiento, pero al mirar el precio de la leche, la fruta o los artículos de aseo, surge la sospecha incómoda de que la “excepción” se queda en las manos de los grandes distribuidores y nunca llega al bolsillo del ciudadano de a pie.
La clase media magallánica se encuentra atrapada en una zona gris de injusticia. No califica para los subsidios de emergencia que auxilian a los sectores más vulnerables, pero tampoco tiene ingresos que le permitan ignorar que un kilo de tomates en el Estrecho puede costar el doble que en el valle central. Aquí, el aislamiento geográfico se transforma en una “multa de residencia”. Dependemos de una logística frágil que cruza fronteras, barcazas y miles de kilómetros de pampa argentina, un costo que las empresas traspasan íntegramente al consumidor, pero que nunca parece bajar cuando el precio del combustible cede o el dólar se estabiliza.
Esta columna busca cuestionar la efectividad de nuestras herramientas de desarrollo regional. Si la Ley de Zona Franca y las bonificaciones a la mano de obra no logran que el “carro del supermercado” sea pagable, entonces estamos frente a un modelo que privilegia la rentabilidad corporativa sobre el bienestar territorial. La soberanía no debería ser un sacrificio personal. No debería ser que, para vivir en el sur, tengamos que aceptar una calidad de vida mermada por el precio del flete.
Gobernar Magallanes requiere entender que el bolsillo es la primera línea de defensa de nuestra identidad. Si no somos capaces de garantizar una “soberanía alimentaria y de consumo” básica, Punta Arenas corre el riesgo de convertirse en una ciudad de paso, una vitrina para el turismo y el hidrógeno verde donde sus residentes originales ya no pueden costear su propia existencia. Es hora de dejar de mirar el mapa y empezar a mirar la boleta del supermercado; ahí es donde se está perdiendo, día a día, la batalla por nuestro futuro regional.
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