Mutilar el Progreso: Cuando la “Revisión” Amenaza el Legado de Cholito

Por: Jonathan Carcamo Gomez

Profesor Diferencial, Psicopedagogo, concejal de Punta Arenas

En Chile, las leyes rara vez nacen en los pasillos alfombrados del Congreso; casi siempre se gestan en la calle, con el dolor como motor. La Ley 21.020, conocida por todos como “Ley Cholito”, no fue la excepción. Fue el grito desesperado de una sociedad que, tras la brutal muerte de un perro en el barrio Patronato en 2017, decidió que la crueldad ya no podía ser parte del paisaje cotidiano. Costó años de marchas, debates intensos y una presión ciudadana sin precedentes lograr que el Estado chileno reconociera a los animales como seres sintientes sujetos de protección. Por eso, el reciente retiro del nuevo reglamento de la Contraloría por parte del gobierno de José Antonio Kast no es solo un trámite administrativo; es una señal de alerta que nos obliga a preguntarnos: ¿Cuánto terreno estamos dispuestos a ceder en nombre de la “revisión”?

El pasado 19 de marzo de 2026, el Ejecutivo frenó una actualización que no era mero capricho. El reglamento retirado buscaba cerrar vacíos legales que hoy permiten que las mascotas sigan sufriendo prácticas anacrónicas. Estamos hablando de la prohibición explícita de las mutilaciones estéticas (cortar orejas o colas por “estándar de raza”), el fin del uso de collares de ahorque y una fiscalización mucho más robusta del microchip obligatorio. Estos no son detalles técnicos; son los pilares de una convivencia moderna que entiende que la tenencia responsable no es solo dar comida y agua, sino garantizar la integridad física de quienes no tienen voz.

El argumento oficial de La Moneda es la necesidad de un “análisis profundo” para un futuro reingreso. Sin embargo, en el lenguaje político, “revisión” suele ser el eufemismo preferido para la dilución. ¿Qué es exactamente lo que se busca analizar? ¿Se intenta flexibilizar las normas para favorecer a ciertos gremios de criadores? ¿O es acaso parte de esa estrategia de “desburocratización” que busca desmantelar regulaciones que el nuevo gobierno considera excesivas? El riesgo es que, bajo la bandera de la libertad y la eficiencia, terminemos retrocediendo una década en estándares de bienestar animal.

Para las agrupaciones animalistas, que en ciudades como Punta Arenas trabajan a pulso, enfrentando el abandono y las inclemencias del clima con recursos mínimos, este freno es un golpe seco. En Magallanes sabemos bien lo que significa la falta de control: ataques de jaurías, fauna silvestre amenazada y una crisis de salud pública que solo se soluciona con más regulación, no con menos. Retirar el reglamento es dejar en el limbo jurídico las herramientas que las municipalidades y fundaciones necesitan para actuar.

La sociedad chilena ha cambiado. Hoy, el 73% de los hogares declara tener al menos una mascota, integrándolas como miembros de la familia. La Ley Cholito fue una promesa de protección que el Estado le hizo a la ciudadanía. Si el gobierno actual insiste en convertir esta ley en una pieza de museo o en una norma de papel mojado mediante “revisiones” eternas, no solo estará fallándole a los animales; estará traicionando un consenso ético que nos costó sangre, sudor y lágrimas alcanzar.

Gobernar es priorizar, y si en la agenda de “emergencia” la compasión y la protección animal quedan al final de la lista, el costo no será un par de clics en redes sociales. El costo será el retorno a una cultura de la indiferencia que creíamos haber dejado atrás. La Ley Cholito no es propiedad de un gobierno de turno; es una conquista social que no aceptará mutilaciones.

Lo que la gente debe saber sobre el reglamento retirado: