Magallanes sigue avanzando en seguridad para evitar el ingreso de personas con causas penales pendientes
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de control en el ingreso de personas a la región, autoridades de Magallanes sostuvieron una nueva reunión de coordinación para avanzar en la implementación de la Ley 21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y establece la obligación de las empresas aéreas de entregar información detallada de sus pasajeros a las autoridades competentes.
En la instancia participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas; y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora.
La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deberán proporcionar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y al Ministerio Público antecedentes como la identificación de los pasajeros, su lugar de embarque y destino, además de registros anticipados de viaje. Esta información también deberá ser entregada cada vez que sea requerida por dichas instituciones o el Ministerio de Seguridad Pública.
En este contexto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó “esta ley busca un control más exhaustivo en aeropuertos. Hemos definido acciones concretas y esperamos que, gracias al trabajo coordinado entre las policías y las distintas autoridades, este sistema esté pronto a implementarse. Ya estamos afinando los mecanismos con Fiscalía para actuar en casos de personas con órdenes de detención pendientes, con el objetivo de que esto esté operativo antes del invierno o durante mayo”.
Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que “Hoy tenemos una ley vigente, pero el desafío es que sea eficaz. Queremos que quien tenga una cuenta pendiente con la justicia sepa que, si llega a Magallanes, será detenido. La meta es que este sistema esté funcionando en invierno, cuando aumenta el flujo de personas”.
Las autoridades coincidieron en que el principal desafío radica en la coordinación operativa entre las instituciones para definir los procedimientos ante casos detectados, como personas con órdenes de detención vigentes o condenas pendientes.
Finalmente, reiteraron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente que permita prevenir el ingreso de personas buscadas por la justicia, especialmente en periodos de alta movilidad, consolidando a Magallanes como una región segura.
