Jonathan Cárcamo Gómez
Concejal por Punta Arenas
Al cumplirse la primera semana del gobierno de José Antonio Kast, Chile no solo ha cambiado de mando; ha cambiado de frecuencia vibratoria. Con una aprobación que se empina hasta el 59%, el nuevo Ejecutivo ha demostrado una habilidad quirúrgica para operar sobre el tejido emocional de una ciudadanía agotada. Sin embargo, tras el despliegue de militares en el norte y la “fuerza de tarea” que hoy interviene los ministerios, surge una pregunta que la euforia del momento no permite formular: ¿estamos presenciando una reconstrucción del Estado o simplemente la implementación de un sofisticado sistema de dominación comunicacional?
La estrategia es clara y responde a lo que la Universidad de Oxford consagró como la tendencia global del 2025: el rage bait o cebo de ira. El gobierno no busca informar; busca impactar. El anuncio del “Plan Escudo Fronterizo”, con sus zanjas y muros custodiados por tres mil soldados, no es solo una medida de seguridad; es una pieza de contenido viral. Al utilizar símbolos de fuerza tan anacrónicos como visualmente potentes, el gobierno lanza un anzuelo a la oposición. Cuando los sectores progresistas reaccionan con lógica indignación, el algoritmo de las redes sociales hace el resto: la crítica se convierte en publicidad gratuita y la polarización se profundiza, permitiendo al Ejecutivo gobernar mediante el conflicto y no mediante el consenso.
Esta “gestión por conmoción” utiliza la urgencia como excusa para eludir el control democrático. La instrucción de resolver en solo 90 días proyectos de inversión por US$16.000 millones, bajo la bandera de combatir la “permisología”, es presentada como un triunfo de la eficiencia. No obstante, una mirada crítica revela el riesgo: ¿qué garantías ambientales y sociales se están sacrificando en el altar de la velocidad? La desburocratización, necesaria en muchos aspectos, parece aquí un ariete para debilitar la institucionalidad que protege los territorios, especialmente en zonas extremas como nuestra Patagonia, donde el equilibrio ecológico es frágil.
Lo mismo ocurre con la auditoría integral del Estado. Presentada como una “fuerza de tarea” contra la corrupción, esta medida bordea peligrosamente la purga política disfrazada de transparencia. Al anunciar irregularidades de forma inmediata y mediática, antes de cualquier proceso judicial, el gobierno utiliza el escándalo como herramienta de gobernanza. En este esquema, el adversario no es un interlocutor político, sino un “enemigo del Estado” que debe ser expuesto ante el tribunal de la opinión pública, alimentando el ciclo de odio que mantiene a la base electoral movilizada y alerta.
Las sociedades que caen en la trampa del rage bait terminan sufriendo una erosión de su salud mental colectiva. El ciudadano deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un reaccionario profesional, alguien que consume política como quien consume un espectáculo de lucha libre: esperando el próximo golpe, el próximo insulto, la próxima zanja. El peligro de estos primeros siete días es que la “emergencia” se vuelva crónica. Si el gobierno necesita mantener el conflicto encendido para sostener sus niveles de aprobación, la paz social se vuelve un estorbo para su estrategia de comunicación.
Chile ha comprado, por ahora, la promesa de orden y rapidez. Pero el orden basado en la exclusión del “otro” y la rapidez lograda mediante el bypass institucional suelen tener facturas altísimas. Al final de esta semana, el país parece más eficiente en sus cifras, pero mucho más pobre en su capacidad de diálogo. El verdadero éxito de un gobierno no debería medirse por cuántos clics genera su última provocación, sino por cuánta paz es capaz de sembrar en una sociedad que, tras el muro y la zanja, sigue estando profundamente herida y dividida.
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