El delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, junto al Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, presentaron en conjunto el Plan Nacional de Infraestructura Pública (PNIP) 2025 – 2055, iniciativa que constituye una hoja de ruta integrada de desarrollo para los próximos 30 años.
En dicha presentación, el encargado de la cartera de Obras Públicas, explicó que este instrumento prioriza a nivel nacional más de 22 mil proyectos de inversiones y que tendrá un costo por más de $366 billones, enfocándose en áreas como; conectividad e integración territorial, habitabilidad de centros poblados, seguridad hídrica y seguridad energética.
En Magallanes el proyecto PNIP 2055, contempla más de 380 proyectos con una inversión cercana a los 6,6 billones de pesos.
“El Plan Nacional nace de un trabajo colectivo, en el que confluyeron exautoridades, la academia y dirigencias regionales. Tuvo, además, un Consejo Experto Asesor de 21 integrantes, con amplia representatividad en materias de infraestructura. No está escrito en piedra, es una herramienta viva, dinámica, que puede adaptarse a la realidad territorial y los grandes cambios que vive el mundo, con el avance tecnológico y la crisis climática”, dijo el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.
En este sentido, el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, mencionó que “la infraestructura abre las puertas al desarrollo, mejora la vida de las personas, genera empleo y crecimiento, permite avances en equidad territorial y nos integra como país”.
Las autoridades fueron enfáticas señalando que este plan nacional es dinámico y que irá ajustándose a futuro, y que es más que un catalogo de proyectos, ya que tiene una visión compartida de futuro, donde la infraestructura es entendida como un servicio esencial que contribuye a reducir desigualdades, mejorar calidad de vidas y fortalecer la cohesión social y territorial.
Cabe mencionar, que de dicha presentación participaron diversas autoridades regionales y comunales, fuerzas de orden y seguridad, representantes de la academia, sector turismo y empresarial, además de organizaciones de la sociedad civil y dirigentes sociales.
